Cristóbal Montoro (Jaén, 1950) ha vuelto a dirigir el Ministerio de Hacienda, al frente del que ya estuvo en el anterior gobierno del PP, que presidía José María Aznar, pero ahora además es responsable del Ministerio de Administraciones Públicas. Después de seis meses de gestión de la mayor crisis económica que ha vivido España afirma sin dudar que “las medidas que se están adoptando ahora son mucho más intensas y profundas de las que adoptamos cuando llegamos en 1996”. Responsable de cuadrar las cuentas del Estado, sanear las comunidades autónomas y establecer las grandes líneas del doloroso ajuste de la economía española, es rotundo al afirmar que España va a cumplir a rajatabla el pacto de estabilidad de la UE, a pesar de que está sufriendo una doble recesión, y un fuerte aumento del paro que amenaza con llegar a los 6 millones. Es consciente de que la herencia recibida ha sido más pesada de lo que había calculado inicialmente. El déficit público previsto en el 6% no solo no se ha cumplido, sino que además, ha tenido que ser revisado hasta el 8,9% tras los ajustes realizados en las comunidades autónomas. Esto ha obligado al Gobierno  a subir el IRPF de manera temporal, eliminar o posponer deducciones en Sociedades, hacer una regularización fiscal y además estudia  nuevos ajustes de gasto y una subida de impuestos indirectos. Unas decisiones que afirma serán temporales y que para él han sido extremadamente dolorosas.

¿Cómo afronta el Gobierno el nuevo camino abierto en la UE?
La reunión del Consejo Europeo de finales de junio ha supuesto un avance muy significativo en el proceso de construcción europea en los tres retos fundamentales planteados a los líderes de la UE: el crecimiento y el empleo, la estabilidad de los mercados financieros y un proyecto a medio plazo de mayor integración.

Se ha lanzado un mensaje claro en favor del euro y de avanzar en la construcción de Europa, de forma que el proyecto europeo es ahora más fuerte y más creíble.

El Comisario europeo de la Competencia, Joaquin Almunia, ha advertido al Gobierno de que después del rescate del sector financiero España va a ser observada con lupa.  ¿Le preocupa esta advertencia tras los incumplimientos españoles?

Después de la  cumbre está marcado el camino de cómo Europa va a hacer frente a la crisis, y el Gobierno va a seguir trabajando por el compromiso de la consolidación fiscal, el saneamiento de las cuentas públicas y las reformas necesarias para modernizar la economía, crecer y crear empleo. Es lo que necesitamos para que España vuelva a la senda del crecimiento y el empleo y para impulsar este proceso de construcción europea

Entre los logros de la cumbre es de destacar el hecho de que el instrumento para recapitalizar los bancos españoles no tendrá prioridad sobre el resto de las deudas, el avance “muy importante” hacia la recapitalización directa de los bancos y el “mensaje muy claro” sobre la actuación en los mercados secundarios.

¿Hay un debate abierto en Europa entre políticas de ajuste o de crecimiento. ¿Dónde se sitúa el Gobierno español?
Ante una crisis financiera no se responde gastando más, sino reduciendo el déficit. Vamos a cumplir con el objetivo porque es un compromiso que es irrenunciable. Esa es la manera de recuperar la confianza de nuestros socios y de los mercados en la economía y la sociedad española El crecimiento debe venir a través de más reformas estructurales. Una vez que las comunidades autónomas han presentado sus planes de ajuste, estamos haciendo un seguimiento exhaustivo para garantizar que cumplan sus objetivos. Hacienda hace un seguimiento trimestral de la ejecución de sus cuentas, y ante cualquier desviación contamos con los mecanismos precisos para resolverlo. Somos un gran país y seremos capaces de hacer frente a nuestras obligaciones, ya lo hemos demostrado en los años noventa. Lo hemos hecho una vez y volveremos a conseguirlo.

Es la primera vez que se hacen dos presupuestos en el mismo ejercicio. ¿Cómo serán los de 2013?
Los presupuestos de 2012 son los más austeros de la democracia y pretenden ser realistas para superar la situación de crisis económica que estamos viviendo. Los de 2013 irán en la misma dirección y también tenemos un plan económico financiero del 2014.

La recesión que comenzó a finales del año pasado se debió a la restricción del crédito producto de la falta de una reforma del sector bancario que tenía que haberse hecho en la pasada legislatura, y a un déficit público que se ocultó bajo un engaño muy grave y que ha perjudicado la imagen de España.

¿No cree que existe una especie de “pacto por el suicidio en Europa y que de esta crisis solo se sale con medidas de estímulo?
El origen de esta crisis es financiero y en España se agudiza por el muy alto endeudamiento que mantenemos frente al resto del mundo. A una crisis financiera no se puede responder con más déficit público, y éste hay que reducirlo, cueste lo que cueste, porque no se puede competir por el crédito disponible para el resto de la sociedad. A más déficit, menos crédito para los que nos tienen que sacar de la crisis, es decir, los emprendedores. Los mercados tienen dudas sobre las cuentas de las CCAA y las Administraciones territoriales. Por eso la eliminación de estas dudas ha sido uno de nuestros principales objetivos.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno para evitar el colapso financiero de las CCAA y las Administraciones Territoriales?
Nos hemos ocupado desde el principio de disipar las dudas sobre la viabilidad financiera de autonomías y entidades locales y su dificultad de acceder al crédito a través del desarrollo “sin cortapisas” del sistema de financiación autonómica. Les hemos exigido un enorme ajuste de sus gastos, pero a la vez hemos adelantado el 50% de las liquidaciones de los recursos del sistema y aplazado hasta un máximo de 10 años el reintegro al Estado las deudas acumuladas por las comunidades autónomas, con el fin de resolver una situación derivada de la mala presupuestación que se hizo en los ejercicios 2008 y 2009. Todo ello se ha completado con el plan de pago a proveedores, que a través de créditos con aval del Estado ha permitido que las Administraciones territoriales paguen más de 27.000 millones de euros a sus proveedores, y que ha permitido aflorar toda la deuda comercial que tenían, en los cajones ya no queda nada oculto. Creemos que este impulso a los proveedores tendrá un efecto de unos 100.000 empleos.

Una vez que el Consejo de Política Fiscal y Financiera las ha examinado ¿cuáles son los pasos a seguir?
Se han comprometido a un plan económico-financiero para cumplir el objetivo de déficit en 2012, que conocen el resto de autonomías y que ha sido revisado por la Intervención del Estado. Se va a  fijar el objetivo de déficit para 2013. Hay que garantizar que las comunidades cumplan con los objetivos por lo que, en virtud de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, haremos un seguimiento  de sus cuentas y ante cualquier desviación se activarán las medidas coercitivas previstas. Se vigilará, se penalizará y se intervendrá a las autonomías incumplidoras.

¿El sector privado ha hecho sus deberes?
Sí, en gran medida el sector privado ya ha hecho sus deberes, ahora le toca al sector público y el proceso está en marcha. El endeudamiento del sector privado creció en la pasada legislatura hasta niveles desorbitados y  el Gobierno anterior agravó la situación apalancando aún más al sector público. Sin embargo, mientras el sector privado ya ha hecho sus ajustes, las Administraciones públicas aún tienen pendiente los suyos. El Gobierno ha aprobado tres reformas estructurales de enorme envergadura como la del sistema financiero, la del mercado de trabajo y de la Administración Pública, y una gran medida como la del pago a proveedores. El Gobierno va a continuar con este ritmo y seguiremos aprobando nuevas reformas, como la reforma de la función pública. Lo que está claro es que no podemos dejar de cumplir el objetivo de déficit.

¿Habrá nuevos ajustes de gasto en 2012 y 2013?
Sí y serán muy dolorosos, ya que tenemos que hacer ajustes sobre ajustes. Hay que subrayar que en los Presupuestos de 2012 hemos hecho un enorme ajuste. Si se tiene en cuenta el conjunto de partidas comprometidas de gasto, el esfuerzo fiscal llegó al 2,5% del PIB, que equivale a 27.300 millones de euros. De esa cantidad, el 1,7% del PIB son reducciones de gasto, y el 0,8% restante, incremento de ingresos a través de medidas fiscales. Además, se ha seleccionado en todo momento donde hacer los ajustes y donde recaudar más con el fin de dañar lo menos posible el crecimiento. Los departamentos ministeriales cuentan con una reducción media en su presupuesto del 16,9%, es decir 13.406 millones de euros menos en total. Los gastos corrientes caen un 10,7%; las transferencias de capital, un 46,7%; y las inversiones reales, un 19,6%. En algunos ministerios el ajuste llega a 54,4% en el caso de Asuntos Exteriores, y del 31,9%, en Industria.

¿No ha sido un error recordar el gasto en I+D+i  y en educación y sanidad?
En materia de I+D+I se ha reducido en 422 millones la aportación al CDTI pero seguirá desarrollando su actividad de manera similar a través de su propia tesorería. Se reorientan, a cambio, los recursos hacia las empresas, particularmente las pymes responsables de la innovación y la creación de empleo. Además, se mantienen intactos los programas de ayuda esenciales para la formación de la comunidad científica. Mientras que en educación, se han reducido las transferencias en 532 millones pero se excluyen de los ajustes las becas, partida que seguirá siendo prioritaria. En sanidad los ajustes se han hecho tratando de reconducir una desviación económica heredada del anterior Gobierno que dejó una deuda sanitaria que supera los 20.000 millones.

¿Y por el lado de los ingresos?
Las medidas de consolidación fiscal suponen un aumento de 12.300 millones, sin los cuales la recaudación habría sufrido un descenso, dado el entorno contractivo. El gravamen complementario en el IRPF permitirá una distribución más equitativa del esfuerzo fiscal. A su vez, las grandes empresas contribuirán algo más, ya que se limitan  los gastos deducibles de las sociedades con el fin de reducir su apalancamiento financiero. Por último, el programa extraordinario para regularización de rentas ocultas, que se ha hecho en línea con las recomendaciones de la OCDE, permitirá elevar los ingresos y agrandar las bases imponibles de los impuestos. Creemos que los objetivos fijados de obtener por esta vía 2.500 millones se van a cumplir.

¿Y si no se cumple el escenario presupuestado?
Las cifras de ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, irán adaptándose progresivamente al objetivo de estabilidad. En todo caso, el Gobierno va a cumplir con el objetivo de déficit fiscal y con los compromisos adoptados con la Unión Europea, por muy difícil que sea la coyuntura y muy grande que sea la magnitud del esfuerzo. En este sentido, hay que subrayar la capacidad que tiene España para sacar adelante sus objetivos en coyunturas complejas y hay que subrayar que España habrá hecho en en dos años un gran cambio con la eliminación del déficit estructural. Ello garantiza  los servicios públicos, que ya no dependerán de los ingresos directamente relacionados con el ciclo económico.

¿No cree que la situación es mucho más difícil que la se encontró en 1996?
Probablemente la coyuntura sea más difícil, pero la situación de partida del país y de la economía es claramente mejor. Nuestro país tiene el doble de renta per cápita que hace 15 años, y contando con el incremento considerable de la población. Pero más importante aún es que a pesar de que se han destruido 1,8 millones de puestos de trabajo, el número de ocupados es de 18 millones. Es decir, un 50% más de los trabajadores que estaban ocupados en 1996. Somos además un país mucho más internacionalizado, ya que las empresas tienen invertido en el exterior el 47% del PIB, lo que supone más de 470.000 millones. Por tanto, tenemos muchos elementos a nuestro favor para remontar la situación. Somos un gran país y seremos capaces de hacer frente a nuestras tareas, ya lo hemos demostrado.

¿Y la deuda?
Al acabar 2003 la deuda externa se situaba por debajo del  40% del PIB y ahora está entorno al 90%. El problema fue que cuando llegó la crisis el gobierno socialista pensó que aumentar los gastos públicos para crear incentivos nos permitiría salir antes de la crisis, y esto fue lo que nos hizo perder la confianza que habían tenido en una economía saneada como la española. Ahora el objetivo es recuperar la confianza perdida. El punto de partida es diferente, con una gran deuda externa pero, como ya he dicho, tenemos otra dimensión de país, con una renta per cápita que dobla la de aquellos años, un 50% de ocupados más y una inversión de nuestras empresas en el exterior que alcanza el 46% del PIB

Pero la deuda pública  supera el 80% del PIB ¿no es demasiado?
Sin duda, pero no hay que olvidar que la que tienen Italia, Francia e incluso Alemania sigue siendo superior. Además, tenemos un gobierno con mayoría suficiente para llevar adelante un plan de ajuste y por si fuera poco un mandato constitucional para alcanzar el equilibrio presupuestario gradualmente. Somos el país de Europa con la mayor estabilidad política, con un partido comprometido con los objetivos de estabilidad y las reformas que mantiene un Gobierno estable, que controla dos tercios de las regiones y gran parte de las grandes ciudades.

¿No es demasiado intransigente a la hora de aplicar el ajuste? ¿Lo hace por razones ideológicas?
A estas alturas de mi vida no tengo ningún dogma, ni tan siquiera he convertido el equilibrio presupuestario en un dogma porque depende de cómo se alcance, porque no es lo mismo lograr el equilibrio presupuestario racionalizando el gasto que subiendo la presión fiscal como hicieron los gobiernos socialistas. Sin embargo, es cierto que nosotros hemos empezado a gobernar cumpliendo el objetivo comprometido con la Unión Europea y lo hemos hecho por la vía de recortar los gastos. Pero este recorte está referido a los ingresos presupuestados para el 2011. En los nuevos presupuestos que presentaremos antes del 30 de septiembre tendremos que hacer un nuevo esfuerzo para reducir el déficit público. Las medidas adoptadas hasta el momento sólo son el inicio.

¿No le preocupa la elevada litigiosidad que pueden provocar las últimas reformas fiscales?
Entiendo que a los asesores les preocupe esta cuestión. A mi también. Sin embargo, la cuestión no es fácil de solucionar, de una parte sabemos que la conflictividad aumenta en épocas de crisis, no tanto por cambiar el parecer de la Administración en sus actuaciones sino por la oportunidad que ven algunos contribuyentes en reducir su factura fiscal. Por otra, debemos recordar el principio general de indisponibilidad de los créditos tributarios que impide que en el marco normativo actual se pueda acudir a este tipo de soluciones. Teniendo presente esta limitación, creemos que aumentando la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria es como mejor podemos contribuir a reducir la conflictividad en los Tribunales. Esto se consigue con múltiples actuaciones como publicitar los criterios jurídicos que resultan aplicables, establecer mecanismos de valoración que sean realmente eficaces, simplificar los procedimientos y facilitar las gestiones tributarias a los ciudadanos, etc. Este es el camino por el que hemos apostado y en el que hemos empezado a trabajar.

La UE considera que una subida del IVA teóricamente no perjudica a la competitividad del sector exterior, pero sí puede dañar a nuestra primera industria que es el turismo, ¿le preocupa esta posibilidad?
Eso es en teoría. En la práctica, aunque efectivamente al exportador final se le devuelve el IVA asociado al bien o servicio que exporta, debemos recordar que antes de la exportación han podido existir operaciones de otros agentes económicos que si se han visto afectados por la subida del IVA pues se trata de un Impuesto que grava el valor añadido que se va incorporando al producto desde su origen hasta su definitivo consumo, o en este caso, salida al exterior. En cualquier caso, sin duda, una subida del IVA  afectaría al turismo.. En la medida en que los turistas, al igual que los ciudadanos españoles, consumen en este país, una subida del IVA encarece el precio del producto que piensan consumir y por tanto, en su decisión de hacerlo.

¿Acaban de aprobar un proyecto de ley  contra el fraude fiscal, cuál es su orientación?
Hemos aprobado probablemente el proyecto de ley más ambicioso de la historia contra el fraude fiscal, con medidas de enorme calado como la limitación del uso en efectivo en las transacciones económicas en las que actúa, al menos, un empresario o profesional en 2.500 euros. La realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca. En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por este Gobierno para radicar la economía sumergida ha sido este proyecto de ley. En este proyecto hemos introducido también medidas que tienden a perfeccionar las normas que garantizan el crédito tributario, lo que en muchos casos incrementará la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario y con ello reduciremos la conflictividad de la que hemos hablado. Asimismo vamos a establecer una nueva obligación de declaración de cuentas en el extranjero, cuyo incumplimiento conllevará la imposición de cuantiosas sanciones y en muchos casos su tratamiento como delito fiscal y, con ello, la pena de cárcel. Igualmente el Gobierno ha decidido endurecer el delito fiscal en el Código Penal, tanto incrementando las penas como ampliando a 10 años el periodo de prescripción. Le he citado alguna de las de mayor impacto mediático, lo que si puedo garantizar es que es un conjunto de normas que van a permitir colocar a nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude.

¿Tienen pensado reforzar las iniciativas de colaboración público-privada en el ámbito tributario como el Foro de Grandes Empresas o el Foro de Asesores?
En la última sesión plenaria del Foro Tributario de Grandes Empresas se ha invitado a los representantes de las empresas asistentes a constituir un nuevo grupo de trabajo destinado a reforzar la relación cooperativa existente entre el sector empresarial presente en el Foro y la propia administración tributaria. Con la creación de este nuevo grupo de trabajo, no sólo vamos a incrementar el diálogo entre ambas partes, sino a definir las características básicas de nuevos mecanismos de información y asistencia para las empresas.

¿Se simplificará el sistema tributario autonómico dentro del proyecto de favorecer la unidad de mercado?
En la reforma de las administraciones públicas que estamos llevando a cabo vamos a clarificar todas las competencias para hacer unas administraciones más eficientes y que garanticen la prestación de sus servicios. Hay que ser coherente con la corresponsabilidad fiscal de las Administraciones Regionales. En este sentido y aunque las dificultades prioritarias que hoy tenemos con las Administraciones regionales y locales versan sobre la consolidación fiscal, efectivamente, deberemos estudiar una mayor racionalización en el uso de la capacidad normativa tributaria, tanto en el ámbito autonómico como en el local.

MARIA JOSÉ AGUILÓ. SOCIA RESPONSABLE DE KPMG ABOGADOS