El gasto público español supone el 45% del PIB, está en consonancia con los países de nuestro entorno.  El sector público español se organiza en tres niveles, Administración General del Estado, administración autonómica y administración local, con órganos y funciones coincidentes.

El escenario económico en el que estamos necesitaría un aumento de los ingresos fiscales para equilibrar las cuentas públicas, y un esfuerzo añadido de control del gasto público. Deberíamos evitar un mayor deterioro de la situación, sobre todo cuando se da el efecto expulsión en la posibilidad de financiación del sector privado,  porque toda la capacidad de financiación de  del sector financiero la toma el sector público.

La acumulación de sucesivos déficits presupuestarios han derivado en  un problema de tesorería que, pese a los ahorros acometidos, se sustancia en una falta de pago significativa de los proveedores del sistema público.

La mitad del gasto público está descentralizado, y más del 36% corresponde a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), supera  al del propio Estado. Por otra parte, los niveles administrativos que tenemos en España se superponen en muchas de sus funciones. Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España asegura que “es una arquitectura institucional ineficiente. Podríamos hacerlo de forma más eficiente, pero no es fácil llegar al acuerdo sin el liderazgo del Estado. Ahora, el mismo partido  ha asumido el poder en en la mayoría de los Gobiernos de los tres niveles administrativos, y ha de hacer frente a esta responsabilidad ”.

Las reformas
Cándido Pérez entiende que la Administración Pública  debería seguir tres sendas de actuación:
1.- Abordar las reformas estructurales de calado que están encima de la mesa. La puesta en marcha de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pondrá un mayor rigor en la llevanza de las cuentas públicas, aunque el tiempo transcurrido entre el cierre de los ejercicios y la publicación de los datos es excesivo y dilata la puesta en marcha de controles internos correctores.2.- Reestructuración del sistema competencial de las administraciones públicas para repartir las competencias del modo más eficiente y no con el criterio de subsidiaridad. Hay una concurrencia de actuación de los distintos niveles administrativos. Las CC.AA. han diseñado una estructura que duplica a la del Estado, con Parlamentos regionales que repiten la organización del Congreso de los Diputados, un gran número de televisiones públicas, y duplicidades en prácticamente todos los ámbitos competenciales.

Por otra parte, existen 50 diputaciones provinciales, 17 CC.AA, y 8.114 ayuntamientos. 6.000 de estos ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes, y es difícil que todos dispongan del personal técnico cualificado y de los recursos necesarios como para prestar servicios con igual eficacia. La constitución de 1.100 mancomunidades prestatarias de servicios ha perseguido superar esa incapacidad.

Las mancomunidades se plantearon como medidas de ahorro, y ha sucedido que para similares ámbitos competenciales existen mancomunidades solapadas en determinados ámbitos geográficos. ¿Serían conveniente fusionarlas? o ¿las diputaciones provinciales deberían aglutinar este tejido y hacerlo mas eficiente? son preguntas que quedan en el aire. Las delegaciones existentes en las CC.AA. pluriprovinciales son un estamento administrativo más. “Lo razonable es dejar uno u otro organismo con un criterio de eficiencia, pero no todo al mismo tiempo”, puntualiza Cándido Pérez.  Una fusión de pequeños municipios sería deseable, lo han hecho la mayoría de los países de la Unión Europea. Se impone la racionalidad.

3.- Recorte del gasto en los tres niveles administrativos. Mientras la economía no crezca por encima de un punto y medio o dos puntos, los ingresos no crecerán con la fuerza necesaria como para que se note en el reequilibrio de las cuentas públicas. La principal fuente para lograrlo es la reestructuración de cada sector público individual y en su conjunto.

Los ahorros
Las medidas de ahorro del gasto que están acometiendo las administraciones públicas son insuficientes por si mismos para cumplir con un objetivo ambicioso de déficit, acorde a las peticiones de la Comisión Europea.  los ajustes realizados hasta el momento, suponen una parte muy pequeña del gasto total. Cándido Pérez entiende que “tales medidas resultan positivas y se deben tomar, pero deben acompañarse con la reestructuración del sector público para limitar el gasto de forma efectiva”.

La situación
Vivimos en la zona euro, con las ventajas y las obligaciones que  conlleva. España pactó con la Comisión Europea un déficit del 6% para 2011, pero el ejecutivo español ya ha apuntando que la cifra podría ser superior en dos puntos. Cumplir con los pactos de estabilidad y crecimiento comprometidos con Bruselas supondría cerrar 2012 con una cifra del 4,4%, y conseguir el 3% en 2013. Será complicado lograr estos objetivos. 

No parece probable conseguir la recuperación económica española de forma inmediata, y tampoco lo parece lograr la recuperación de las bases fiscales que fundamentan los ingresos.
Financiar proyectos y lograr un buen déficit con un riesgo cero en la deuda publica, algo sencillo hasta 2008, se ha complicado. Cándido Pérez indica que “los recursos necesarios para equilibrar los ingresos tardaran un tiempo en llegar, y el que se consiga no significa que vayamos a tener saldo en tesorería. Las administraciones públicas tienen un problema de tesorería que trasladan al conjunto del sistema económico”. Percibimos de forma muy positiva el haber logrado un Estado del Bienestar y una cartera de servicios públicos muy avanzados, pero ahora debemos ser capaces de financiarlos.

Los antecedentes
Los acontecimientos han desbordado la normativa de estabilidad presupuestaria. Los ingresos aumentaban con mucha rapidez hasta 2007, los ayuntamientos y las CC.AA. financiaron un gasto creciente en infraestructuras y en servicios durante los años sucesivos que eran acordes a unas previsiones basadas en esa tendencia de fuerte crecimiento. Durante los dos años siguientes, el PIB bajó, y el desempleo pasó del 8 al 14%. 

Solo durante los años 2006 y 2007 se produjo un superávit en las cuentas públicas del Estado y de la Seguridad Social. Por el contrario, el saldo del conjunto de las CC.AA. nunca arrojó superávit. Las cuentas públicas de las CC.AA. se desbordaron en 2008, tendencia que aumentó durante 2009 y 2010. El cambio de la financiación de las CC.AA. con la ampliación del mecanismo de las entregas a cuenta de los impuestos en 2009 empeoró la situación. Las CC.AA. recibieron 20.000 millones de euros más en 2009 para financiar su actividad sobre unas previsiones de ingresos sobredimensionadas porque no se había previsto el escenario actual. Estos ingresos percib idos en exceso durante 2008 y 2009 han obligado a contabilizar las devoluciones en 2010 y 2011, ocasionando un déficit significativo a Comunidades Autónomas  y Ayuntamientos.