En noviembre del año 2008, apenas dos meses después de la caída de Lehman Brothers, y tras semanas en las que, como piezas de dominó, se sucedieron las intervenciones de bancos y otras entidades financieras por parte de Estados Unidos y varios países europeos, el G-20 adoptó un plan de acción para empezar a sentar las bases de una serie de medidas que contribuyesen a evitar la siguiente crisis financiera.

Se podría decir que aquella cita de Washington, más las que se han sucedido después en Londres, Pittsburgh, Toronto y, la última, en Seúl, han sido el germen de una reforma del sistema financiero cuyos aspectos mas relevantes quedan regulados bajo la denominación de Basilea III.

Las conclusiones que se derivan de esta reforma se resumen en una serie de puntos clave: la banca requerirá de un capital de mayor de calidad; se medirán de una forma más adecuada y estricta determinados riesgos; las necesidades de capital serán mayores; se exigirán dos nuevos colchones de capital, uno anticíclico y otro de conservación del mismo; se impone un ratio de apalancamiento, y se fijan nuevos estándares de liquidez inexistentes hasta ahora, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos.

Las consecuencias para el sistema financiero son claras. La banca será más segura, pero también menos rentable. Para los ciudadanos, el acceso al crédito será más difícil y más caro. Y, por ende, la economía sufrirá una cierta contracción derivada de las nuevas normas, aunque a cambio ganará estabilidad para el futuro y evitará que, como ha sucedido en la crisis actual, el sistema financiero pueda generar profundas recesiones o, incluso, llevarse por delante países enteros, como Islandia o Irlanda.

Pero, aunque sea una evidencia decirlo, si hoy se habla de Basilea III es porque antes hubo un Basilea I y un Basilea II. El que esta ciudad suiza haya adquirido tanta relevancia para el sistema financiero mundial es porque acoge la sede del Comité de Supervisores Bancarios, un órgano que nació en el año 1974 y del que formaron parte representantes de alto nivel de organismos reguladores y bancos centrales (hay países, como Reino Unido, en el que el banco central no tiene tareas de supervisión bancaria, como sí sucede en España).

Basilea es la tercera ciudad suiza por habitantes, con poco más de 160.000, cercana a la frontera con Francia y Alemania, y bañada por las aguas del Rhin. Y junto al mundo de las finanzas, la industria química y farmacéutica goza de gran presencia en la misma.

Volvamos a las finanzas. Basilea I constituyó el “primer experimento global de regulación bancaria”, según resalta el hoy director de Regulación del Banco de España, José María Roldán. Eran unas reglas bastante sencillas, si se comparan con lo que hoy es, o va camino de ser, Basilea III.

Entonces se fijó que las entidades financieras debían tener un nivel mínimo de capital, que se estableció en el 8%, sobre sus activos ponderados por riesgo (APR). Es decir, había dos elementos principales, capital y activos. En el numerador, esto es, en el capital, se incluían diferentes instrumentos: las acciones, las reservas o beneficios no distribuidos, híbridos (como las participaciones preferentes) y deuda subordinada.

Y en el denominador, a cada tipo de activo se le asignaba un riesgo, en función de sus características o las garantías existentes. También influía a quién se le otorgaba un crédito, de forma que, por ejemplo, un préstamo otorgado a una Administración Pública computaba cero a efectos de riesgo.

Pasaron más de 15 años hasta que en 2004, el Comité de Supervisores Bancarios decidió, en 2004, dar un paso más y reformó aquellos criterios iniciales, con lo que nació Basilea II. Fue el fruto a un trabajo iniciado en el año 1998, de forma que fueron necesarios seis años para modificar la regulación.

Como desde 1988 hasta entonces no había habido grandes crisis de índole financiera, los supervisores optaron por no modificar varios aspectos de Basilea I. Así, se dejó igual el requerimiento de capital (8%) y tampoco se modificaron los instrumentos que podían conformar dicho capital.

Sí se cambiaron, sin embargo, aspectos relacionados con el cálculo de los activos ponderados por riesgo, que se desarrollaron de forma mucho más detallada. Se empezó a considerar el riesgo operacional, para el que se impone un requisito específico de capital, y se hiló más fino en el riesgo de crédito, valorando conceptos como la probabilidad de impago o la pérdida esperada, e introduciendo discriminaciones entre las empresas en función de su rating, de forma que no computaba igual una compañía triple A que una B-. La valoración de los riesgos de mercado o tipo de cambio apenas varió.

Además, se abrió la posibilidad de que las entidades aplicasen sus propias calificaciones de riesgos con modelos internos, siempre que éstos hubiesen sido previamente refrendados por el supervisor.

Basilea II se articulaba en torno a tres pilares. El primero es el detallado anteriormente, y luego había dos mas. El denominado Pilar II, que impone a las entidades y a los supervisores un control adicional y una evaluación de su situación de capital. Y el Pilar III, que obligaba a difundir una serie de información al mercado de forma que se pudiera evidenciar la situación de cada entidad.

Esta regulación, pactada en 2004, no entró en vigor hasta el año 2006, y no lo hizo de forma simultánea en todo el mundo. Así, cuando estalló la crisis financiera en el verano de 2007, Basilea II estaba en marcha en Europa, Australia, Japón y otros países asiáticos, pero no así en Estados Unidos, donde su implantación era aún muy incipiente.

En todo caso, y a la vista de lo sucedido a uno y otro lado del Atlántico, resulta evidente que Basilea II, aun en su pleno desarrollo, habría sido insuficiente para afrontar el impacto de la actual crisis.  También queda en evidencia el hecho de que los avances en materia de medición y gestión de riesgos han sido insuficientes en campos como el riesgo de mercado o el tratamiento de productos estructurados complejos, y que deben ser complementados con una consideración del concepto de capital más estricta y de mayor capacidad para absorber pérdidas.

Y es en este contexto cuando, tras la caída de bancos como Northern Rock, Lehman Brothers, aseguradoras como AIG, instituciones como las americanas Fannie Mae o Freddie Mac, o el rescate por parte de los Estados de bancos europeos como Royal Bank of Scotland, Halifax, ING, UBS o Credit Suisse, entre muchos otros, los gobernantes de todo el mundo agrupados en el foro del G-20 deciden actuar para evitar que un cataclismo como el vivido en el otoño del año 2008, del que aún nos seguimos recuperando, vuelva a repetirse o, en caso de hacerlo, no tenga las mismas devastadoras consecuencias.

De este modo, mientras el parto de Basilea II duró seis años, el de Basilea III se ha sustentado en poco más de 12 meses, si bien para su puesta en marcha sí se prevé un calendario dilatado tanto en términos de los requisitos de capital como de la introducción de las nuevas exigencias de liquidez. Aunque una cosa es lo que diga la letra de la norma, y otra lo que el mercado, siempre mucho más exigente, imponga. “
\"La presión para cumplir con unos requerimientos de capital más elevados, ya sean los exigidos por Basilea III o los que pueda establecer el Gobierno español a través de la norma que se expera, será inexorable, y todas las entidades se verán compelidas, en la medida en que cada uno lo necesite, a mejorar sus ratios de capital, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo\" opina Francisco Uría, socio responsable de Sector Financiero de KPMG. A su juicio, \"esta necesidad de fortalecer el core capital determinará las estrategias y decisiones de las entidades a corto y a medio plazo\".

Lo que dice la norma es que, hasta el 1 de enero de 2013, no se empezarán a aplicar los primeros cambios regulatorios. Sin embargo, el Gobierno español ha decidido adelantar el cumplimiento de Basilea III, si bien al cierre de este número no había concretado los detalles, más allá de imponer desde este mismo año un capital básico del 8% con carácter generalizado, y de entre el 9% y el 10% para las entidades que no coticen.

Son exigencias mucho más duras que las establecidas por Basilea. La regulación internacional establecía que sería en 2013 cuando el denominado common equity, equivalente al core capital actual, esto es, capital y reservas, se deba situar en el 3,5% (desde el 2% vigente). Este ratio engordará en otro medio punto en 2014 y medio punto más en 2015, cuando se deberá alcanzar el mínimo del 4,5%.

Con un calendario similar las entidades deberán mejorar el Tier 1, que se construye a base de sumar al common equity las participaciones preferentes. El Tier 1, cuyo mínimo actual es el 4%, deberá ascender al 4,5% en 2013; al 5,5% en 2014, y al 6% en 2015.

Pero esta herramienta no podrá ser como la actual, que se ha demostrado ineficaz para absorber pérdidas. En caso de problemas de una entidad, las preferentes se convertirán en common equity. La filosofía, según explica Elena Rodríguez de Codes, inspectora del Banco de España, es que el Tier 1 lo conformen “instrumentos que son capaces de absorber pérdidas cuando la entidad está en funcionamiento”. El Tier 2 absorberá pérdidas “sólo cuando la entidad no sea viable”. Este indicador no cambia y se mantiene en el 8%. Si la reforma hubiese acabado aquí, se podría decir que se limitaba a imponer más calidad al capital de la banca.

Sin embargo, Basilea III incorpora la creación de dos colchones adicionales –y del capital de mayor calidad, el common equity-, que pueden elevar este ratio en cinco puntos más, de forma que su mínimo pase del 4,5% al 9,5%.

El primero de ellos se ha denominado colchón de conservación de capital. Es de obligado cumplimiento para todas las entidades y trata de prevenir algunas de las alegrías vividas en la actual crisis, cuando entidades en graves dificultades o directamente quebradas seguían repartiendo dividendo o pagando astronómicas sumas en concepto de bonus y salarios a sus directivos.

Este colchón se empezará a dotar en el año 2016, es decir, una vez que el capital básico ya se haya situado en el 4,5%. A razón de un 0,625% anual, esta herramienta de conservación de capital deberá llegar al 2,5% en 2019, cuando el common equity mínimo para el sector será, por tanto, del 7%.

¿Qué pasa si una entidad cae a partir de entonces por debajo de ese nivel? Pues que el supervisor le impondrá limitaciones tanto en el reparto de dividendos como en la política de retribuciones a sus directivos. Ambas políticas estarán intervenidas hasta que el mínimo de capital vuelva a recuperar el 7%.

El segundo colchón es más discrecional y trata de impedir la aparición de burbujas crediticias. Obliga a las entidades a reforzar su capital en un arco que va del 0% al 2,5%. Se entiende que si a un banco se le pide más recursos propios, frenará la concesión de créditos. La implantación de este colchón anticíclico será discrecional para cada supervisor nacional.

Es una medida que no convence para nada a la banca. Pedro Pablo Villasante, secretario general de la patronal AEB, lamenta su discrecionalidad y que se aplique por igual a todas las entidades de un país, con independencia de si una está elevando la concesión de préstamos un 20%, y alentando una burbuja, y otra, con un comportamiento mucho más responsable, un 2%. “Esto provocará el efecto manada”, advierte Villasante.

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros, José María Méndez, director general adjunto, advierte de que “existe un riesgo real de pasar a una regulación excesiva. Esto implica enormes costes y cargas para las instituciones financieras, que acabarán trasladándose al coste del crédito, con el consecuencia impacto sobre la economía real”.

Hay otros elementos que endurecen los requisitos de capital, aunque sean de carácter más técnico. Basilea II establecía una serie de deducciones al capital que se repartían a partes iguales entre el Tier 1 y el Tier 2. Con Basilea III, sin embargo, todas las deducciones se aplicarán sobre el capital de mayor calidad, de forma que será más difícil para las entidades alcanzar los mínimos de solvencia.

Asimismo, se penaliza la tenencia de filiales y las participaciones en empresas financieras o no financieras que superen el 10% o el 15%, respectivamente.

Además de al capital, Basilea III también mira –como ya hizo Basilea II- a la captura de riesgos, pero precisamente para corregir algunos de los errores apreciados en la anterior regulación. Es el caso, por ejemplo, de exposiciones en cartera de negociación (las sujetas a los vaivenes del mercado), las titulizaciones, los activos sacados fuera del balance y los derivados con riesgo de contrapartida, cuyos riesgos estaban infravalorados.

Según el socio responsable de riesgos financieros de KPMG, Antonio García Lozano, \"todavía no está claro que entidades serán consideradas sistémicas en el mercado español, más allá de las que ya lo son a nivel internacional, pero lo que si parece lógico de cara a evitar distorsiones competitivas, es que los llamados testamentos vitales sean aplicados a todas las entidades en general, independientemente de su tamaño o condición, como medida reductora del impacto que la caída de cualquier banco o caja puede tener\".

Basilea III se complementa con otras tres iniciativas. La primera es la introducción de un ratio de apalancamiento, que se medirá en función de un porcentaje del capital sobre el total de los activos. Con ello, explica Elena Rodríguez de Codes, del Banco de España, se establece “una medida sencilla, transparente y ajena al riesgo que complemente a la ratio de solvencia”. Se limitan así las consecuencias de posibles errores en la ponderación de los riesgos de una entidad. Este limite de apalancamiento se fijará en 2017 –hasta ese momento se probarán sus efectos-, aunque los primeros análisis se harán con un ratio del 3%.

Las otras dos iniciativas tienen que ver con la liquidez. En 2015 se establecerá el mínimo de liquidez que deberá tener una entidad para cubrir problemas a corto plazo. La banca deberá demostrar que es capaz de sobrevivir durante un mes al cierre completo de los mercados y a una fuga de depósitos. Y en 2018 entrará en vigor el denominado ratio de financiación estable. Se trata de evitar, según José María Roldán, director de Regulación del Banco de España, casos como el de Northern Rock, un banco solvente que quebró por tener un modelo de hipotecas a largo plazo financiado con recursos de los mercados a corto plazo. Cuando los mercados se secaron, el banco se fue a pique, pese a que sus préstamos eran de calidad. No es que se vaya a pedir que una entidad emita bonos a 30 años para financiar las hipotecas a ese mismo plazo, pero sí adecuar algo más los plazos del activo con los del pasivo.

Hay otro aspecto que trasciende de Basilea III, pero que tiene su importancia. Se trata de las mayores exigencias de solvencia que el G-20 quiere imponer a las denominadas entidades sistémicas. Son aquellas que, por su tamaño, su grado de interconexión con otras entidades o los problemas para sustituir sus servicios y actividades por otros competidores, pueden suponer un riesgo sistémico en caso de quiebra. Los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, están en el listado inicial de bancos demasiado grandes para caer o para ser rescatados.

A juicio de Antonio García Lozano, socio responsable de riesgos financieros de KPMG, “sin tener aún clara la dirección hacia la que pueden dirigirse” las medidas contra los grandes bancos, “lo importante es que se reduzcan al máximo las distorsiones que dichas medidas puedan introducir”.

Las alternativas para cumplir con Basilea III
Las entidades financieras tienen ante sí un abanico de posibilidades para cumplir con las nuevas exigencias de Basilea III. El primer factor a tener en cuenta es que –más allá del cambio legal planteado en España- el mercado no va a esperar a 2019 para exigir a las entidades mejores niveles de solvencia. “Los proveedores de capital ya piden niveles más altos de los que regulatoriamente se exigen”, apunta Amparo Solís, socia de Seguros de KPMG en España.

Entre las alternativas de la banca está la venta de parte de su negocio asegurador. Ya se vieron operaciones de esta naturaleza el pasado año y La Caixa acaba de cerrar un acuerdo en esta línea con Mutua Madrileña. “Las fábricas de seguros son muy costosas en términos de capital y Basilea III las penaliza aún más”. Además, “generan mucho capital al venderlas por las plusvalías”, añade Solís.

Otra opción es vender carteras de créditos morosos. Gracias a las provisiones que ya se han hecho, algunos de esos préstamos pueden ser vendidos a precios que generen plusvalías para las entidades.

Y una vía añadida es la externacionalización de funciones que, hasta ahora, hacían las propias entidades financieras.

“Basilea III exige mejorar, por un lado, el consumo de capital, ser más eficaz, hacer lo mismo con menos, analizar qué tengo que en realidad no necesito, y qué tengo que, aunque me venga bien, me vendría mejor vender”, resume la socia de Seguros de KPMG.


El impacto económico de Basilea III
Si hay una cuestión que preocupa a los reguladores que están detrás de la implantación de Basilea III es –además de la propia solvencia bancaria- la referida a las consecuencias que los nuevos estándares van a tener sobre la economía real. Por eso, en los primeros albores de Basilea III se hicieron una serie de cálculos y se pidió a las entidades que se analizasen los impactos de la futura regulación. Por eso, los criterios marcados en la reunión del Comité de Supervisores del pasado 12 de septiembre son más suaves que los iniciales y, además, en materia de liquidez, se impone un calendario de observación dilatado antes de tomar decisiones definitivas.

La determinación de las consecuencias de aplicar Basilea III sobre la economía no es sencilla, aunque ya se han hecho algunos estudios, como el elaborado por el Institute of International Finance (IIF), la patronal mundial de los bancos, a cuyo frente está el presidente del Deutsche Bank, Josef Ackermann, y cuyo vicepresidente es el español Francisco González (BBVA).

El informe del IIF cifra en una caída del 3,1% del PIB el impacto sobre Estados Unidos, Japón y la zona euro de la nueva regulación. Bien es cierto que su estudio se hizo en junio de 2010, antes de que el Comité de Supervisores suavizara su propuesta.

El castigo sería mayor para la zona euro (-4,3%), que para Estados Unidos (-2,6%) y Japon (-1,8%). Basilea III se llevaría por delante hasta el año 2015 casi 10 millones de empleos en estas tres regiones (4,7 en la zona euro, 4,6 en EEUU y 0,4 en Japón).

Pero claro, se trata de un informe de parte, elaborado por los economistas de los bancos que van a sufrir las nuevas exigencias.

Hay otro análisis llevado a cabo por un grupo de trabajo creado por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Supervisores Bancarios, es decir, por quienes están detrás de los cambios. Y su conclusión es radicalmente distinta, pese a que el análisis jugó también (es de agosto de 2010) con unos criterios de Basilea III que no han sido los definitivos. La conclusión de este grupo de trabajo es que el PIB caería un 0,38%, casi ocho veces menos que la estimación del IIF.

Un reciente artículo publicado por Ángel Gavilán, integrante del Servicio de Estudios del Banco de España, sostiene que la patronal bancaria “podría estar sobreestimando” el impacto de Basilea III. Y aprecia dos carencias básicas. Por un lado, la preservación por parte de la banca de una política de dividendos “demasiado generosa” y, por otro, un comportamiento del coste de capital “demasiado pesimista”, al prever unas exigencias por parte de los mercados de una rentabilidad sobre recursos propios excesivamente alta (del 12,5% en EEUU y del 10% en la zona euro).

Gavilán mantiene que las estimaciones del grupo impulsado por los supervisores “ofrecen mayores garantías”, si bien los resultados deben ser analizados con “precaución”. De lo que no cabe duda, finaliza este investigador, es de que, “en el corto plazo, el ajuste hacia los nuevos requisitos tendrá un impacto negativo sobre la actividad”.
 

Una reforma legal pensada para Basilea III
Cuando justo antes del verano pasado el Gobierno decidió acometer la mayor reforma del sector de cajas de ahorros del actual periodo democrático lo hizo con varios objetivos. Se hablo de la despolitización de estas entidades (algo que se ha visto complicado viendo como quedan los consejos de algunos de los bancos que han creado las cajas), de una mayor profesionalización de su gestión y de facilitar vías de captación de recursos propios imprescindibles ante los nuevos requisitos regulatorios.

Es decir, las exigencias de Basilea III influyeron, y mucho, en el cambio legal que propuso el Gobierno y que fue refrendado por el Parlamento, con el apoyo del principal partido de la oposición.

Hasta ahora las cajas tenían una manera básica de mejorar su solvencia, que pasaba por la retención de beneficios. Otra vía, la de emitir cuotas participativas, se ha demostrado ineficaz ante el nulo interés de los inversores (solo la CAM las tiene y colocadas mayoritariamente entre clientes minoristas y otras cajas).

Pero en un contexto como el actual, en el que las exigencias de capital van a ser mayores, el tener unos beneficios en caída libre y las pérdidas a la vuelta de la esquina para algunas entidades, llevó a la necesidad de buscar otras vías.

Así, desde el verano las cajas tienen diferentes instrumentos para mejorar su solvencia. Pueden emitir cuotas participativas que, a diferencia de las anteriores, sí darán derecho de voto y no estarán tan limitadas. De momento nadie ha caminado por esta senda. Otra vía es la constitución de bancos a los que se transfiere, total o parcialmente, el negocio de una o varias cajas. Estos bancos pueden salir al mercado como sociedad anónima que son. Ya hay anuncios de varias de estas entidades para salir al mercado y La Caixa ha anunciado su transformación en CaixaBank. Y la tercera opción, que es una derivada agravada de la anterior, es que, una vez traspasado el negocio de la caja a un banco, esta desaparece como caja y se convierte en fundación accionista de una sociedad anónima. “Estas modificaciones están en línea con lo que en los mercados y las propias cajas han defendido en los últimos años”, dice José María Méndez, director general adjunto de CECA.

Con estos instrumentos sobre la mesa, las cajas de ahorros van a tener más fácil el cumplir con Basilea III. De haber seguido el marco vigente hasta el verano pasado, un gran número de estas entidades habría sido incapaz de mejorar sus niveles de solvencia hasta alcanzar los nuevos estándares.

Una tarea a la que también deben aplicarse los bancos, pero ellos ya contaban con las herramientas a su disposición. No en vano, todas las grandes entidades españolas han realizado desde que estalló la crisis captaciones de capital, bien mediante ampliaciones en mercado o bien mediante colocaciones de bonos convertibles entre su clientela, o bien combinando ambas opciones.

Unos y otros, no obstante, deberán adaptarse también a las nuevas exigencias, aún más duras, que ha impuesto el Gobierno.