La reducción del déficit público se ha convertido en uno de los ejes básicos sobre los que gira la política económica no sólo en España sino también en el resto de países occidentales.

Las distintas Administraciones Públicas están tratando de aumentar sus ingresos, tanto incrementando la recaudación tributaria mediante la elevación de tipos impositivos o la creación de nuevas figuras tributarias como poniendo en marcha nuevos mecanismos de generación de ingresos públicos no tributarios. , El efecto de las medidas que se adopten  ha de ser significativo desde el punto de vista cuantitativo puesto que, en 2011,  España debe reducir su déficit en un importe superior a los 30.000 millones de euros en el conjunto de su sector público. Es encomiable la pretensión de los directivos públicos de incrementar los recursos públicos, especialmente si no presentan los efectos restrictivos que más adelante se explicitan, pero dicha pretensión, que genera riesgos relevantes, no puede ser disculpa o distracción en la tarea de reducción del déficit público, que pasa en gran medida por la configuración de unas políticas de gasto sostenibles.

Mirando hacia atrás, las experiencias disponibles en procesos exitosos de  reducción del déficit en países de nuestro entorno nos muestran que es más eficiente focalizar la estrategia presupuestaria en la reducción del gasto que en el incremento de los impuestos, por su efecto menos restrictivo sobre el crecimiento económico. En su caso, los incrementos de tipos o los nuevos impuestos, pueden reducir el riesgo percibido por los agentes económicos de mayores incrementos tributarios posteriores, pero deben estructurarse de modo que minimicen los riesgos para el crecimiento derivados de la minoración de los incentivos al trabajo  y al consumo, así como el deterioro de la confianza de consumidores y empresas, cuestión no sencilla si cuentan con potencia recaudatoria suficiente.

Por otro lado, la mejora del entorno económico internacional puede conducir a un incremento de la actividad económica en España, tanto más significativa cuanto mejor adaptemos nuestro sistema productivo a las características de la actual economía mundial. En la medida en que se incremente la actividad económica, mejorará el rendimiento de nuestro sistema tributario, aunque no parece que esta coyuntura se vaya a producir en el corto plazo.

Existen otras vías de optar a mayores ingresos, pero su potencia recaudatoria no es relevante, no son de la naturaleza adecuada o trasladan un riesgo importante a la actividad financiera del sector público.

La implantación de precios sombra en la prestación de determinados servicios públicos provocará un comportamiento más responsable de los usuarios. Aunque el efecto recaudatorio no sea muy elevado, no es ni mucho menos desdeñable. La repercusión más positiva es la racionalización de la demanda de servicios que tendrá repercusión indirecta en las posibilidades de contención del gasto en el medio plazo.

Las Colaboraciones Público Privadas procuran financiación para la construcción de infraestructuras. Si el proyecto está bien diseñado y el reparto de riesgos es el adecuado, la explotación de la infraestructura puede ser más eficiente que por métodos tradicionales. y su deuda vinculada no contabilizará en el balance de la Administración. Sin embargo, si estamos ante una nueva instalación, habrá un incremento de gasto total consolidado a largo plazo desde su puesta en actividad. Un camino con mayores dificultades y riesgos, pero con capacidad para generar importantes ahorros, es la  externalización, con absorción de medios humanos y materiales, de servicios públicos en funcionamiento, aunque novedoso y arriesgado políticamente.

Deben valorarse con especial prudencia las modificaciones de los sistemas de financiación de los distintos niveles de la Administración Pública territorial en aquellos supuestos en que no generan mayores ingresos del sistema fiscal consolidado.  En 2009 se aprobó un nuevo Sistema de Financiación Autonómica. En un contexto de caída significativa del rendimiento de nuestro sistema fiscal, se procuraron unos mayores recursos para las Comunidades Autónomas en las entregas a cuenta para 2009 y 2010. El sistema no suponía ninguna alteración cuantitativa de los recursos fiscales totales del conjunto de Administraciones Públicas españolas, sino un reparto distinto. Sin embargo, las mayores entregas no han corregido el retardo con que la información fiscal se traslada a los gestores autonómicos, y los terribles efectos de los mismos.

El tiempo ha demostrado que las entregas a cuenta de 2008 y 2009 estaban basadas en previsiones macroeconómicas optimistas, debiendo las regiones devolver a la Hacienda estatal las liquidaciones de ambos ejercicios. El problema que la devolución ocasiona en las tesorerías autonómicas se ha difuminado a lo largo de  los próximos años, en términos de SEC 95, pero el déficit imputable a las devoluciones computa para las regiones. Aunque en términos consolidados sea un juego de suma cero, impide a las Comunidades Autónomas cumplir sus objetivos. En todo caso, los gestores autonómicos, volvemos al retardo, no tuvieron información sobre el hundimiento de sus recursos fiscales hasta que fue demasiado tarde y ya no pudieron adoptar medidas de control del gasto y del déficit, además de consolidar niveles superiores de gasto que ahora deben minorar.

Algo parecido puede suceder a algunos Ayuntamientos con los ingresos que les corresponden con la participación en los tributos estatales. En este caso, para los municipios afectados, el problema puede ser también muy significativo, dada su estructura de ingresos. Desde diversas tribunas públicas, fundamentalmente del ámbito local, pero también algunos expertos, vienen abogando por una reforma del Sistema de Financiación de las Entidades Locales. Al igual que sucedió en el caso autonómico, se trataría de transferir recursos tributarios adicionales a las Entidades Locales para la financiación de los servicios que prestan a los ciudadanos. Sin embargo, esta reforma presenta inconvenientes de gran importancia que no pueden ignorarse si va a plantearse en los próximos tiempos. De modo esquemático, no puede olvidarse que no es claro que servicios públicos han de financiarse, puesto que a la previsión legal se han añadido las competencias impropias; que el número de municipios existentes en España es superior a 8.000, con tamaños que oscilan entre los menos de 100 habitantes y más de 3.000.000 de habitantes; que la estructura administrativa y los medios con que cuentan los respectivos Ayuntamientos están en consonancia con esta disparidad; que si la reforma consiste en la participación de los Municipios en los recursos de las Comunidades Autónomas, sin traslado de competencias, las haciendas regionales empeorarán sus ya importantes déficits; que si la reforma consiste en “la segunda descentralización”, con traslado de competencias, la situación financiera de los municipios será peor, porque no se habrá cubierto el déficit actual, el coste de los servicios será muy superior al actual y la transferencia sólo recogerá el coste efectivo para la Comunidad Autónoma, en el mejor de los casos. Es evidente que hay que abordar  el análisis tanto de la situación financiera de los municipios como los niveles de reparto competencial, pero la cesión de parte de los recursos autonómicos a los municipios, sin ninguna reforma adicional o con la cesión de mayores niveles de competencias a los ayuntamientos, empeorará la situación del conjunto de las Administraciones Públicas españolas significativamente.

Existen otras vías de emergencia para captar nuevos ingresos, tales como enajenaciones de inmovilizado o refinanciación de deuda, pero han de considerarse actuaciones puntales para casos excepcionales, nunca mecanismos sostenibles de reducción del déficit.

En conclusión, las administraciones públicas cuentan con mecanismos, técnicamente complejos y no exentos de riesgo para incrementar sus ingresos, pero no deben confiar la reducción del déficit público, en lo sustancial, a eventuales nuevas fuentes de financiación inciertas, no relevantes o que no incrementan el rendimiento del conjunto del sistema. Como decíamos al inicio, la reducción de niveles significativos de déficit ha de contar con reducciones de gastos derivadas de procesos de reordenación de competencias, redefinición del contenido de los servicios públicos y, especialmente, del incremento de la eficiencia en la prestación de servicios públicos.